Las empresas sociales, integradas por habitantes de regiones o pueblos que producen productos reconocidos a escala internacional (en su mayoría alimentos), no cuentan con la protección de las leyes industriales, por lo que se elaboró una iniciativa de reforma para que éstos sean protegidos, desde sus marcas, hasta las fórmulas y procedimientos de producción que han elaborado a lo largo de décadas.
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