De manera preocupante se ha comenzado a judicializar el proceso electoral mexicano. Ya no hay que esperar, como en otras ocasiones, a que el conflicto por la vía judicial estalle después del depósito ciudadano de votos en las urnas: ahora está llegando a temprana la hora de los fiscales y los jueces, con el aparato del PRI-gobierno y sus aliados volcado en el aplastamiento político y mediático del panista Ricardo Anaya Cortés (cuyo lema, parafraseando al del partido blanquiazul, podría ser: “Por un patrimonio inmobiliariamente generoso y una vida mejor y más digna para mí y mi familia”) y, en un revire sumamente retador, con los anayistas y sus actuales compañeros de viaje (perredistas y emecistas) demandando investigaciones y castigo a José Antonio Meade bajo la acusación de que fue cómplice de maniobras lesivas del erario federal, testigo complaciente y acomodador de circunstancias en relación con “estafas maestras”.
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