La reciente promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares es un avance encomiable en la lucha para erradicar ese fenómeno, pero para hacerla funcionar, es indispensable que haya voluntad política de las autoridades y supervisión constante por parte de la sociedad civil para asegurarse de que la norma se está aplicando adecuadamente.
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