La figura del arraigo pasó de una medida cotidiana durante el gobierno de Felipe Calderón a una autorización judicial casi sin aplicación en los años recientes. Mientras de 2006 a 2012 más de 7 mil presuntos delincuentes –sobre todo supuestos involucrados con bandas del crimen organizado– permanecieron en algunos casos detenidos hasta 80 días, en los últimos dos años solamente se solicitaron 60 autorizaciones de este tipo al Poder Judicial de la Federación.
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