El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para que los delitos que afecten a las vías generales de comunicación sean considerados como amenazas graves a la seguridad nacional, entre ellos destruir infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como el transporte ferroviario.
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