El gobierno de la República que los mexicanos elijamos, con libertad y legalidad, estará obligado a responder a una abrumadora acumulación de exigencias ciudadanas, quizá sin precedente en número y complejidad. Las encabezan los reclamos simultáneos de poner fin a la impunidad y a la violencia y, mediante la instauración de un nuevo rumbo de desarrollo, recuperar el crecimiento económico y alcanzar la seguridad social universal. Sólo así se podrá estrechar la brecha de una desigualdad tan escandalosa como consentida. No son, por cierto, reivindicaciones novedosas; son demandas históricas, que han adquirido nueva urgencia por el abandono e indiferencia con que han sido vistas, por parte de sociedad y gobierno, ya antes, pero sobre todo en este calamitoso inicio de siglo mexicano. La construcción de respuestas idóneas, siempre difícil, se antoja casi inalcanzable ante el más grave deterioro en varios decenios del entorno mundial.
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