Además de solicitar amparos colectivos y buscar apoyos en el extranjero, jueces y magistrados federales de todo el país acudieron directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esa instancia analice la legalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y pidieron que se les otorguen medidas cautelares que impidan la aplicación de la norma.
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