El gobierno debe acatar íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la tortura sexual de la que fueron víctimas 11 mujeres durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2B5L0Kj
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