Con la multa de 13 millones 900 mil pesos impuesta por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a la empresa responsable del desmonte de un predio ubicado en Dos Bocas, Tabasco, donde el gobierno proyecta hacer la séptima refinería del país, se confirmó que no había autorizaciones en materia de impacto ambiental, ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para poder remover la vegetación, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2Teq231
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