En 2017, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) careció de los elementos que permitan determinar si con el nuevo sistema de justicia penal se avanzó en atender la problemática estructural “caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, defensoría pública rebasada y deficiente vinculación entre policía y Ministerio Público”, afirma la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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