Para impedir que ex funcionarios se enriquezcan valiéndose de la información privilegiada a la que tuvieron acceso con motivo de su encargo en empresas estratégicas, “saltando y contratándose después en el sector privado”, Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y extender el plazo de restricción para que un ex servidor público pueda contratarse con una firma particular “hasta 10 años después de haber dejado el cargo”.
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