No cabe duda de que el llamado Grupo de Lima, al que México aún pertenece, ha llevado a cabo un legítimo esfuerzo en la búsqueda de una solución a los conflictos internos entre diferentes grupos políticos en Venezuela, hasta que sorpresivamente, o impulsado por algún país, decidió tratar de aplicar medidas coercitivas sin base jurídica alguna, pues bien sabemos que a escala internacional, el único órgano autorizado a hacerlo, conforme a la Carta de la ONU, es el Consejo de Seguridad de ese organismo, y en casos excepcionales, su Asamblea General, sobre todo cuando enfrentamos el veto de un miembro permanente del citado consejo.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2TxqzNq
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