Sin un Estado en condiciones financieras saludables no puede haber crecimiento económico sostenido. Menos una redistribución social a la altura de los mandatos y la tradición constitucional mexicana. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador se ha negado a usar su legitimidad votada para afrontar la fragilidad fiscal del gobierno, posponiendo la cuestión a la segunda mitad de su gestión.
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