Los procedimientos legales promovidos por organizaciones sociales que pretenden frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía podrían llevarse entre uno y tres años, estimaron el abogado Julio Jiménez Martínez, experto en procesos de amparo y Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, quienes no descartaron que detrás de esas acciones existan intereses políticos.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2X3VIOs
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