Detener a los jefes del narcotráfico siempre es un dilema. El 2 de diciembre de 1993, Jorge Carpizo, entonces procurador general de la República, tuvo que decidir sobre proceder o no, en contra de Benjamín Arellano, el líder del cártel de Tijuana y quien se encontraba en la embajada del Vaticano, en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México.
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