A través de redes sociales, diversos colectivos de derechos humanos demandaron la liberación de Kenia Hernández, una activista que enfrenta ocho causas penales (por robo y ataques a las vías de comunicación) por realizar protestas de diversas causas en el estado de México y Puebla. En consideración de los participantes a la “marcha virtual”, Hernández está siendo víctima de la “criminalización de la protesta” por parte de las fiscalías general de la República y del estado de México.
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