Javier Duarte de Ochoa (JDO) es un nítido ejemplo de la virtual impunidad de los “servidores públicos” del pasado reciente. Impuesto como gobernador de Veracruz por Fidel Herrera Beltrán, un político priísta de gran marrullería y prosperidad económica, acrecentó en esa entidad el saqueo del presupuesto público, la permisividad redituable de la operación de grupos del crimen organizado y la violación sistemática de derechos humanos contra ciudadanos en general y, en particular, contra defensores de derechos humanos, activistas de causas sociales y opositores políticos.
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