La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la Dirección General de Derechos Humanos, lleva a cabo el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, con el propósito de realizar un diagnóstico que evalúe su forma de aplicación.
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