Una veintena de organizaciones civiles y 53 activistas –entre ellos, científicos, campesinos, abogados, así como defensores de derechos humanos y ambientales– hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a favor y mantenga la medida precautoria que desde hace ocho años suspendió los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional.
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