En 1927, al negar el amparo que interponía una casi niña, la Suprema Corte de Justicia estableció que un test era suficiente para determinar la capacidad mental de una persona y, con base en los resultados, ordenar su esterilización. A partir de esa decisión, durante décadas y hasta los años 70, en el estado de Virginia, Estados Unidos, se aplicó el binomio evaluación-esterilización a miles de jóvenes. A algunas se les dijo que la cirugía era sólo una apendicectomía y el magistrado Holmes justificaba este “sacrificio menor” apelando al bien superior de una patria que no quería verse inundada de “débiles mentales” (Ver: La medida de una nación, capítulos 9 y 5).
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