Los jueces federales Jorge Dionisio Guzmán González y José Torres Ángeles, cuyos juzgados están en el estado de México, enfrentan una investigación ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), derivada de una queja administrativa que refiere presuntos fallos en su actuar y/o desconocimiento de la nueva Ley de Amparo, pero fundamentalmente debido a que fueron acusados por abogados de librar suspensiones de amparo con las cuales se protegieron los intereses de OHL-México y de la constructora Vinte, filial de la viviendera Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV.
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