A un año de entregar el poder, Enrique Peña Nieto logró consolidar e institucionalizar la guadaña calderonista: habiendo empeorado la situación de la seguridad pública en el país, dueño de marcas históricas en cuanto a homicidios intencionales y violencia en general, impugnado por amplias franjas ciudadanas y en riesgo su partido y su candidato de perder las próximas elecciones presidenciales, el ex gobernador del estado de México ordenó el miércoles que al siguiente día la maquinaria legislativa, bajo control del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, aprobará por turnos (ayer, los diputados; luego lo harán los senadores) una alarmante ley de seguridad interior (LSI).
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