La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó durante 2017 diversos criterios para interpretar las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica y energía, así como en acceso a la información pública y protección de derechos fundamentales de grupos como los pueblos indígenas, madres trabajadoras y víctimas de delitos.
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