Tras la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como las comisiones nacional y estatales de derechos humanos “serán puestas a prueba” para saber su grado de independencia respecto del Poder Ejecutivo al momento de analizar las acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra dicha norma, así como para prevenir posibles abusos de las fuerzas armadas.
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