La posibilidad de que la información acerca de los operativos de las fuerzas armadas pueda clasificarse como reservada, por considerarla de “seguridad nacional” –como señala el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior (LSI)–, vulnera el derecho de la sociedad a estar enterada acerca de un tema crucial y puede generar incertidumbre y arbitrariedad de las autoridades, advirtió Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción del Centro de Análisis Fundar.
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