La ley reglamentaria sobre remuneraciones de los servidores públicos está pendiente desde hace ocho años, ya que ni la anterior legislatura ni la actual, que está por terminar, aprobaron esa norma, lo que ha permitido que se viole la disposición constitucional de que ningún servidor público podrá recibir un salario mayor o igual al que percibe el Presidente de la República.
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