En medio de un grave rezago legislativo, en el Senado se avanza para aprobar la minuta que sanciona con mayor severidad el robo de hidrocarburos; con penas de hasta 30 años de prisión y condenas no sólo para quienes sustraigan el combustible, lo comercialicen o almacenen, sino también para dueños de predios donde se deriven tomas clandestinas y a funcionarios que sabiendo del ilícito no lo denuncien a las autoridades.
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