Jueces federales han considerado como casos que el Ministerio Público Federal debe investigar presuntos actos de tortura física y sicológica las quejas de internos de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), tales como que sus celdas no cuenten con un asiento o casillero, que no se les permita tener televisores, audífonos ni relojes.
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