La nueva pifia de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Iguala, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), representa un agravio contra las víctimas y viola el derecho a la verdad y la justicia de las familias de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos y de la sociedad en su conjunto.
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