La Procuraduría General de la República (PGR) ha cometido una serie de irregularidades en las indagatorias por el caso Ayotzinapa, con lo que ha violentado el derecho a la verdad no sólo de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, sino de la sociedad, señaló José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la oficina especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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