Las principales asociaciones de juristas se pronunciaron porque las reformas que se plantean en el Congreso de la Unión no afecten la independencia del Poder Judicial, y demandaron a los legisladores que respeten los tratados internacionales, ya que a su consideración, no se pueden disminuir los salarios que perciben quienes hayan sido designados jueces, magistrados o ministros antes del 25 de agosto de 2009.
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