Durante una larga temporada (desde el último año de gobierno de Vicente Fox hasta el último de Enrique Peña Nieto), Isabel Miranda de Wallace ejerció el poder de entreverarse y torcer el funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia a cuenta y cuento de una autoasignada representación “de la sociedad civil” que avalaba o rechazaba, según los vaivenes políticos, los planes gubernamentales en materia de seguridad pública y combate a la criminalidad y los informes oficiales de resultados en esas materias.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2WampwA
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