La activista Paula Flores Bonilla rechazó a nombre de otras madres el acuerdo de solución amistosa que el Estado mexicano propuso para tratar el caso de su hija María Sagrario González Flores y otras cinco mujeres más de entre 6 y 20 años víctimas de desaparición y feminicidio ocurridos entre 1995 y 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso que fue analizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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