Para evitar que más involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa puedan salir de prisión, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala está aportando pruebas que ya existían en las indagatorias iniciadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y que no habían sido entregadas a los jueces federales.
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