Ha sido significativo, en plena pandemia, que 174 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre ellos 10 profesores eméritos, hicieran público su enérgico rechazo a la pretensión de suspender contrataciones de personal de investigación por Capítulo 3000 (honorarios), reducir drásticamente fondos para la misma e impedir concursos de oposición de plazas vacantes en su institución, que cumple ya 81 años. Luego de afirmar que la investigación en ciencias antropológicas e históricas no es una ocurrencia, y reconocer la contingencia por el Covid-19, sus consecuencias económicas, y la necesidad de orientar el gasto público, consideran, no obstante, que los problemas no se resuelven creando otros igualmente graves, ni vulnerando tareas sustantivas del Estado. Exigen que la secretaria de Cultura y el director general del INAH apliquen criterios consecuentes con su obligación legal de defender la institución, proteger sus áreas sustantivas y racionalizar el gasto, y no plegarse incondicionalmente a criterios que parten del desconocimiento del instituto y sus prioridades. Demandan trasparentar el manejo discrecional de la austeridad por parte de la alta burocracia del INAH, hecho a costa de sus funciones sustantivas y señalan que el futuro de la institución está en juego: “es momento de sumar esfuerzos para que salga fortalecido y continúe con la tarea de investigar, conservar, defender y promover la riqueza histórica y cultural de nuestro país” (El Correo Ilustrado, 20/4/20).
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