Para los pueblos indígenas la decisión del gobierno federal de acelerar el paso en la consolidación de sus proyectos prioritarios, se suma al desafío de la pandemia en curso, que entraña la necesidad de organizarse para la autodefensa frente a la misma. Es el caso del llamado Tren Maya, del que mucho se ha debatido y desde las comunidades organizadas en defensa de sus territorios han denunciado que se trata de un proyecto impuesto, validado por una consulta simulada, contraria a los estándares internacionales. Cuando se inició formalmente en el país la fase 1 de la pandemia, buena parte de las comunidades mayas se encontraban en el proceso de asambleas y éste se detuvo ante el imperativo de resguardarse como indispensable medida de protección. Sin embargo, más de 100 organizaciones, comunidades mayas y colectivos en defensa del ambiente y de derechos humanos así como académic@s,aún en el contexto de la cuarentena, han emitido pronunciamientos cuya respuesta es el silencio oficial. Destacan la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Colectivo Indignación, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (que logró la suspensión mediante un juicio de amparo en curso), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, Greenpeace México y Due Process of Law Foundation, entre otras. Solicitaron al presidente López Obrador suspenda la construcción del Tren Maya, y con posterioridad a la emergencia sanitaria inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo.
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