La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y otras instituciones gubernamentales relacionadas con asuntos migratorios, no tienen la suficiente capacidad, presupuesto ni personal para gestionar de forma adecuada las más de 80 mil peticiones de refugio que ha recibido el país, lo cual provocará que muchos solicitantes se queden “varados” en las fronteras, en condiciones de gran precariedad e incluso criminalizados por su origen, alertaron investigadores y defensores de derechos humanos.
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