La decisión de nombrar a las fuerzas armadas como administradoras de los puertos y aduanas del país es un acto inconstitucional y contraproducente, pues no hay evidencia empírica real de que los militares sean menos corruptos que los funcionarios civiles, además de que si los uniformados se concentran demasiado en la búsqueda de mercancías ilegales, el resto de las operaciones comerciales se vería entorpecido, alertaron activistas y académicos.
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