Quienes han ocupado la Presidencia de la República los últimos ocho sexenios no cumplieron su promesa de dedicar al menos uno por ciento del producto interno bruto a la ciencia, la tecnología y la investigación. Una ley aprobada en 2002 lo ordena, pero no se cumple. Es menos de 0.5 por ciento. La experiencia mundial muestra que invertir en tales rubros reduce la dependencia de un país, aumenta los salarios, disminuye la pobreza y logra un crecimiento económico menos desigual. Para ello es indispensable inversión pública y privada en educación a los más diversos niveles.
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