En el Senado avanza una nueva ley de extradición que incorpora los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, que la norma actual no considera, y modifica el procedimiento a fin de que la resolución para enviar a un ciudadano a juicio en otro país no quede supeditada exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a la autoridad judicial.
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