Las faltas administrativas cometidas por militares, en donde se hayan afectado los derechos de un civil, deben ser resueltas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y no sólo por los órganos disciplinarios castrenses, según se propone en un proyecto de sentencia presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el ministro Javier Laynez Potisek.
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