La falta de una ley que norme la consulta indígena limita el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y los obliga a llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde en los pasados seis años se han acumulado 20 litigios sobre este tema, y sólo ocho han sido resueltos.
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