El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security), ofrece a la Fiscalía General de la República (FGR) un software para realizar actividades de intervención telefónica y seguimiento, el cual, una vez autorizadas judicialmente, sólo permitiría llevar a cabo estas acciones al Ministerio Público Federal y se detectaría y bloquearía cualquier intento de penetración ilícita.
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