El Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que considera obras y proyectos del actual gobierno federal como de interés público y de seguridad nacional, fue respondido con celeridad por organizaciones indígenas que coinciden que es anticonstitucional, crea un estado de excepción y abre las puertas para la represión contra los pueblos que rechacen la imposición de megaproyectos en sus territorios.
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