Las autoridades federales, en particular la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), han incurrido en “graves retrocesos” para garantizar los derechos de ese sector de la población, lo cual se evidencia con el hecho de que desde hace unos meses hay dilaciones injustificadas para decretar alertas de violencia de género en varias entidades en las que se ha solicitado esa medida, afirmaron más de cien organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
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