En lugar de dejar atrás la historia de centralismo y burocratización extrema en la educación, la errada reforma educativa de 2012-2013 buscó establecer las bases para fortalecer el centralismo autoritario en la educación mexicana y, además, darle un carácter y orientación muy cuestionables. Desde 1993, la Constitución establece que los contenidos de la educación serán determinados unilateralmente: “el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República” (artículo 3, III), pero en 2012 se le agrega que también será centralizado el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos directivos con base en lineamientos o criterios del INEE: “la Ley reglamentaria [Ley del Servicio Profesional y del INEE] fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio…”(artículo 3). Así, no sólo el centro es quien determina qué debe enseñarse en cada rincón del país, sino también quiénes deben hacerlo (selección y despido de maestros) y quiénes deben encargarse de gobernar (puestos intermedios de dirección del sistema). Lo primero corresponde al Ejecutivo, pero lo segundo exclusivamente al INEE.
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