La semana pasada el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la libertad inmediata de un preso que fue torturado para autoinculparse en un delito que no cometió. Esta historia parece repetirse en muchas de las prisiones mexicanas, que están pobladas por personas que no pudieron pagar el precio de la justicia y donde la tortura ha sido una parte integral de sus “procesos legales”. Este es el caso de María Luisa Villanueva, quien fue encarcelada el 6 de enero de 1998, acusada de un secuestro que no cometió, después de pasar cuatro días en una casa de seguridad y ser torturada sexualmente. Lo que hace diferente el caso de María Luisa, es que durante los 21 años en los que ha estado presa, ha dado una lucha férrea por probar su inocencia, enviando cartas a las autoridades, escribiendo su testimonio, realizando tres huelgas de hambre demandando la revisión de su caso. A dos décadas de su detención, podría pedir su libertad anticipada haciendo efectivos sus beneficios, pero ella exige que se reconozca su inocencia.
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