En el gobierno federal no se ha llegado a un consenso para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para que revise casos particulares por ese delito, como lo han recomendado diversos organismos internacionales y nacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos.
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