Si quieren eliminar el fenómeno de las desapariciones forzadas, una de las prioridades del gobierno debe ser otorgar un presupuesto ilimitado a las labores de búsqueda de ausentes, así como “limpiar” a las instituciones de seguridad de todos los servidores públicos que no tienen la capacidad para realizar su trabajo o incluso tienen vínculos con la delincuencia organizada.
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