La posible utilización de medidas para restringir la movilidad de los ciudadanos en el contexto de la fase tres de la contingencia sanitaria por el Covid-19 generó reacciones diversas por parte de abogados, organizaciones civiles y partidos políticos, pues mientras algunos señalaron que las eventuales limitaciones no tienen sustento jurídico, otros indicaron que sí sería viable echar mano de este recurso, en aras de proteger el derecho colectivo a la salud.
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